a semana recién pasada se da a conocer una votación histórica en la Cámara de Diputados, en la cual se aprueba el proyecto de ley que vendrá a permitir que podamos retirar el 10% de nuestros ahorros, administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFPs.
Estas AFPs, nacen de las turbias gestiones realizadas en Dictadura, entregando nuestros ahorros a la administración del empresariado. Pero para ir comprendiendo en profundidad el enmarañado funcionamiento de estas aseguradoras, se requiere mucha paciencia y estudio, ya que la mayoría de los chilenos y chilenas no entendemos la lógica usurpadora de este sistema.
El solo hecho que existan estas AFPs y cómo funcionan en nuestro país, viola convenios de seguridad social que se han firmado a nivel internacional y a los que Chile se ha suscrito.
Todas las chilenas y chilenos estamos condenados a la privatización criminal de la vejez, pensiones de miseria y de hambre que atentan contra la dignidad y sobre todo con la autónoma económica de los y las adultas mayores. Este nefasto sistema es otro de los experimentos neoliberales para saquear a nuestros compatriotas y además condenar nuestros últimos años de vida a condiciones deplorables. Sin un sistema de protección social que venga a proteger a quienes ya están en el ocaso de sus vidas.
Hoy, están a la defensiva todos quienes defienden el modelo y que, además, han lucrado y obtenido favores políticos y económicos relacionados con la cuota de poder, que les encanta compartir solo entre las élites. Si nos remontamos a la historia de cómo nace este sistema, a mi interpretación de lo leído, las AFPs son apadrinadas por la Constitución Política de 1980, sí esa misma que a partir del 18 de octubre, quemamos en plazas y parques, y por la cual marchamos y nos unimos de norte a sur y de este a oeste. La carta magna de Pinochet la ve nacer y en 1983 entran en vigencia.
Aquí la estrategia básica es “Yo AFP, administro tus ahorros que corresponde al 10% de tu sueldo imponible y de ese 10% -además- te cobro una comisión por administrar ese dinero”. Y desde 1983 todos los chilenos estamos obligados a cotizar con algunas de estas administradoras nos guste o no.
Esta jugada siniestra vino a reemplazar al tradicional sistema de reparto tripartito, en el cual la pensión se configuraba con el aporte del Estado, del trabajador y del empleador, este era un sistema de reparto que en protección social le llamamos de concepción social-solidaria. Pero no se afiataba al nuevo modelo que se estaba instaurando en Chile y se necesitaba instalar esta capitalización individual y aislacionista.
Igualmente, las AFPs son excesivamente discriminadoras con nosotras las mujeres, ya que, aunque las mujeres coticen toda su vida laboral, a los 60 años se nos permite jubilar como si existiera una variable biológica que nos impidiera decidir jubilar a los 65 años como lo hacen los hombres. Como ya lo demuestran estudios nacionales e internacionales, las mujeres perciben un 30% menos de remuneración y además somos más longevas, por ello nuestros fondos se distribuyen en mayor cantidad de meses. Somos más propensas a que el mismo sistema nos discrimine, teniendo tasas más altas de desempleo y junto con ello tenemos mayores ‘lagunas’ de cotización, algunas asociadas a la maternidad que a veces es por opción y en otras por obligación.
Durante años este sistema de pensiones ha sido perversamente planeado con el objetivo de hacernos sentir, culturalmente, que esto era normal, para ello se han coludido medios de comunicación, las dinámicas de los mercados, la propia clase política incluso han metido sus manos en el currículo escolar a fin de normalizar desde temprana edad este sistema de administración de fondos y por lo demás todo con el amparo y beneplácito de la Constitución de 1980.
El camino que tomamos ya no tiene retorno, vamos por el cambio constitucional, entre ellas sus ahijadas las AFPs. Este rumbo irá acompañado de lucha, de resistencia y sobre todo de memoria por los compatriotas que perdieron o tuvieron una lesión ocular, por los presos políticos y todos los muertos del estallido social y del COVID-19.
