Por Eva Bahamonde T. @EVAGABRIELABT
Asistente Social de profesión y oficio
“Con este acuerdo firmado tendríamos la oportunidad de saber cómo un proyecto en particular pudiese impactar en el medioambiente, podríamos exigir ser consultados, participar cuando se tomen decisiones que pudiesen impactar de manera negativa los ecosistemas. El acuerdo también reconoce el derecho de todos y todas a pertenecer a un medioambiente sano y obliga al Estado a proteger a las personas y agrupaciones que defienden el medio ambiente”.
Estas líneas fueron expresadas en una columna acerca de este acuerdo en septiembre del año 2018, denominada “Chile sin Escazú”. Llevamos como país, 2 años tramitando la firma de este convenio y el 26 de septiembre del presente, se vence el plazo para suscribir este pacto internacional que, por lo demás, fue un instrumento creado y sugerido por Chile durante el segundo mandato de la Presidenta Michelle Bachelet Jeria.
Dicho acuerdo regional trata del acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el caribe.
El desinterés por argumentar cuáles son los motivos del rechazo a firmar este acuerdo se mantiene en una gran interrogante, pues desde el Senado en la Comisión de Medioambiente, se les invito tanto al ministro de Relaciones Exteriores; Andrés Allamand, como a la ministra Medio Ambiente, Claudia Schmidt, para que explicaran la postura del actual Gobierno a no suscribir el acuerdo regional. Finalmente, ninguno de los 2 secretarios de Estado acudió a la convocatoria de la cámara alta.
Si Chile firma este acuerdo, implementarlo no requiere modificar nuestra legislación en lo inmediato, ya que el acuerdo se realiza según las capacidades y la propia legislación nacional y para concretarlo se requieren medidas o reglamentos de gestión legislativa, pero antes de todo aquello debemos elaborar un plan de implementación participativo, informado y transparente, por ello es falso cuando nos quieren hacer creer que Escazú nos exige modificaciones legislativas inmediatas, porque el objetivo al que apelamos es que debemos trazar un camino participativo y en conjunto diseñar la estrategia para cumplir con los estándares medioambientales de este tratado.
La no firma del acuerdo este 26 de septiembre nos deja en desventaja en cuanto a la evolución de políticas medioambientales en la región, pero es aún más bochornoso toda vez que fuimos los precursores de este instrumento vanguardista y comprometido con el avance de elementos para la democracia medioambiental.
Definitivamente, quienes no votamos por este Gobierno no esperamos mucho y ya han demostrado cual es la línea de acción frente a la participación ciudadana, transparencia y medioambiente.
Es por ello que el llamado es a participar el próximo 25 de octubre en el denominado proceso constituyente, una gran oportunidad para que toda la ciudadanía mejoremos los elementos de la justicia ambiental y que a través de la Convención Constitucional concedamos a nuestros compatriotas el avance de la protección del medioambiente, para que no quede al arbitrio de la posición del Gobierno de turno. Por eso #YoApruebo.
